La reciente resolución dictada por el Juez Único de Competiciones No Profesionales de la RFEF sobre la distribución de grupos en la Segunda División Nacional de Fútbol Sala Femenino para la temporada 2025/2026 ha generado un notable malestar entre varios clubes de diferentes comunidades autónomas.
La decisión, que establece la configuración definitiva de los grupos, no ha sido bien recibida por entidades de Baleares, Extremadura, Canarias y Murcia, que consideran que el reparto no respeta criterios de proximidad geográfica ni la viabilidad económica de sus desplazamientos.
Los primeros en reaccionar públicamente fueron los clubes baleares San Pablo Eivissa y Menorca Futsal, que emitieron un comunicado a través de redes sociales manifestando su oposición y confirmando la presentación de un recurso formal ante el Comité Nacional de Segunda Instancia. En su escrito, denuncian que la decisión les obliga a afrontar viajes continuos a Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura y Castilla y León, con conexiones aéreas limitadas y costes muy superiores a los de otros equipos peninsulares.
A este movimiento se sumaron posteriormente los clubes extremeños, que también han registrado un recurso, mientras que representantes canarios y murcianos han expresado públicamente su disconformidad con la medida, respaldando las quejas ya presentadas.
En el caso de los equipos insulares, la preocupación se centra en la insularidad y el elevado sobrecoste que supone la nueva configuración. El San Pablo Eivissa estima que el incremento de presupuesto para la próxima campaña superará los 60.000 euros, mientras que Menorca Futsal afronta su debut en la categoría con un margen de maniobra muy limitado.
Los clubes afectados exigen una redistribución que tenga en cuenta la proximidad geográfica y garantice la igualdad de condiciones para todos los participantes, advirtiendo que la actual configuración puede comprometer tanto la viabilidad económica como la continuidad de algunos proyectos deportivos.
